LA PLATA, Mayo 13.-(Por Mario Wainfeld) Cuatro leyes de larga proyección en poco más de dos meses. El Congreso actual, más activo y con más consensos que el de años previos. De luchas de minorías a normas con amplias mayorías. Muerte digna, algunas observaciones. La conciencia colectiva, en democracia. Las corporaciones alzan la guardia. Algo sobre igualdad y un saldo alentador.
En el breve tiempo transcurrido desde el 1º de marzo, el Congreso ha sancionado cuatro leyes cuya aplicación se proyectará durante años o décadas. Hablamos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la de soberanía hidrocarburífera y expropiación de Repsol, la “muerte digna”, la “Identidad de Género”. Las dos últimas, votadas el miércoles en el Senado, constituyen logros colectivos de ampliación de ciudadanía, con contados parangones en la región y aun en el mundo.
Las leyes ligadas a la economía y las de ampliación de derechos ciudadanos regulan cambios institucionales profundos. En el lapso 2009-2011 se fustigó a senadores y diputados por su improductividad y hasta por supuesta pereza. Los grandes medios se enfurecieron con el Grupo “A” porque éste no pudo controlar la agenda política. Lo elogiaron de más, le exigieron lo imposible. Una mirada pragmática corrobora que las fantasías eran exageradas y poco apegadas a la realidad. La relativa paridad entre oposición y oficialismo combinada con la falta de voluntad cooperativa generó un escenario de dificultades previsibles, entre ellas la del veto cruzado.
Con la activa mayoría oficialista como émbolo, la actual integración del Congreso ya aprobó leyes de trascendencia, que realzarían todo un año parlamentario, en apenas más que un par de meses. La productividad no viene de la mano con el sectarismo, mal que le pese a la Vulgata dominante. La lógica binaria amigo-enemigo primó años atrás, ahora el esquema se complejiza, en buena hora. En ningún caso la mayoría se conformó exclusivamente con el Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados habituales. Las normas fueron convalidadas por un conjunto amplio, pluripartidista. En las dos leyes de consolidación de derechos civiles el consenso fue casi unánime, sin votos en contra, alguna abstención, alguna ausencia significativa.
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Que treinta años es algo: Nos acercamos a los 30 años ininterrumpidos de democracia, lo que decanta en el progreso de los debates públicos, de las deliberaciones parlamentarias, de la agenda institucional. También de los coloquios de café o las tertulias en el Agora. Hace una, dos y (ni qué hablar) tres décadas leyes como “muerte digna” o “Identidad de Género” hubieran sido impensables. La correlación de fuerzas para impulsarlas era sideralmente distinta, magra la audibilidad de las minorías. Por último, sólo a los efectos enumerativos, el saber de las personas del común era mucho más limitado. ¿Cuántas gentes de a pie sabrían, tiempo atrás, qué es “encarnizamiento terapéutico”, qué son “cuidados paliativos” o interesarse en los derechos de los grupos de gays, lesbianas, travestis y transexuales?
La perduración de la democracia como sistema de vida amplía las mentalidades y los horizontes conceptuales. La madurez de las sesiones recientes trasunta, pues, un crecimiento colectivo, en el que incidieron especialmente minorías militantes, convencidas y persuasivas.
El kirchnerismo, como experiencia política, profundiza la tendencia con dos aportes, uno objetivo y otro producto de su voluntad política. El objetivo son casi nueve años de gobernabilidad con escasas situaciones de riesgo desestabilizador para lo que son los parámetros históricos argentinos. Se planta un terreno fértil para reivindicar derechos y procurar conquistas. La voluntad política del oficialismo ha sido crucial para concretar normas de ampliación de derechos, como las que venimos recorriendo, el matrimonio igualitario, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Asignación Universal por Hijo.
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Lo perfectible y los deberes pendientes: Todo es perfectible o, si se quiere, imperfecto. Las leyes serán sometidas al rigor de la práctica cotidiana, se notarán falencias, es de cajón que advendrán reformas parciales.
La de muerte digna es particularmente delicada pues aborda una temática de hondas ramificaciones morales, científicas, médicas y religiosas. En un interesante reportaje publicado en Página/12 el jueves, el médico Juan Carlos Tealdi, especialista en Bioética, marcó algunas falencias. Una es la exigencia de escritura pública para los “consentimientos anticipados del paciente”. El recaudo es excesivo porque contraría los hábitos y el imaginario de la mayoría de los argentinos, poco afectos a previsiones de ese tipo a diferencia de los anglosajones (la renuencia a dejar testamento es una referencia empírica ilustrativa). El trámite es oneroso, lo que dificulta que lo adopten personas de bajos ingresos. Y también sería difícil de instrumentar fuera de los grandes centros urbanos. Se insinúa el exceso de rigor formal, un clásico del derecho argentino que el Poder Judicial suele exacerbar.
Otro aspecto, estructural, que señala Tealdi es “seguir enunciando normas en un contexto viciado”. El contexto viciado es el sistema de Salud, por varias causas. Una de ellas, entiende este cronista, es la fragmentación federal, un engendro noventista que funge como estorbo para la recta aplicación de leyes progresistas. Activar desde el Ministerio de Salud nacional al respectivo Consejo Federal sería un modo de atenuar las trabas. Se usa el potencial porque el ministro Juan Manzur es renuente a convocar al Consejo Federal. Tampoco reglamentó leyes previas que insinuaban reformas sobre la muerte digna, signando su ineficacia. Y sigue sin “ponerse las pilas” para inducir a las provincias a dictar protocolos que permitan la cabal vigencia del fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible. La falta de activismo de la cartera refrena y hasta torna inocuas reformas notables. Es de esperar que la reglamentación de la “muerte digna” se concrete con similar eficacia y presteza a la que tuvo el Congreso.
