CAPITAL FEDERAL, Junio 24.-(Por Mario Wainfeld) Una medida de fuerza desproporcionada, sin cobijo legal. Miércoles de ofensiva, jueves de retroceso: razones. Las dispares reacciones de Cristina y Scioli. La soledad de Moyano. El acto que reemplaza al bloqueo. Compañeros de ruta que se las traen.  

Es imposible haber seguido todas las declaraciones que formularon Hugo y Pablo Moyano en estos días. La cantidad de medios que recorrieron obstaculiza esa tarea. Con todo, habiendo escuchado y leído las más relevantes y difundidas, el cronista se atreve a afirmar que los pedidos de disculpas a los millones de argentinos damnificados por su medida de fuerza no fueron un tópico esencial, si es que existieron. Pablo, secretario adjunto de Camioneros, ninguneó varias veces preguntas al respecto y priorizó (sin matices ni ambages) la paritaria sectorial. El secretario general de la CGT embistió contra el Gobierno al que equiparó a una dictadura militar, mientras producía un bloqueo salvaje y desfilaba por medios de difusión, tal vez rompiendo el cerco informativo que muchos republicanos denuncian.

Antes que las palabras, valen los hechos. Los camioneros abusaron de la acción directa, afectando servicios esenciales. Equiparar esa exorbitancia al derecho de huelga es un sofisma equivocado. Ese derecho está tutelado legal y constitucionalmente pero, como todos, no puede ser ejercitado abusivamente.

La conciliación obligatoria, que los gremialistas desacataron olímpicamente, es un límite temporal, enderezado a generar calma durante las tratativas.

Pero lo más serio fue el método de protesta elegido, que no era el único disponible. Su pretexto, la falta de acuerdo en el convenio colectivo, se demostró falaz en cuestión de horas. No se estaba tan lejos de cerrar trato y, por añadidura, la retaliación era desproporcionada al reclamo.

El punto más brutal fueron los bloqueos a las refinerías. Se interrumpió así un servicio básico para toda la población, por un lapso agresivamente prolongado. Cero gravamen a la patronal –aspecto notorio– y gran daño a los argentinos de a pie.

El argumento de los reclamantes es que estaban de huelga. Y que, salvo en algunas actividades llamadas “servicios esenciales”, no hay límites legales a ese derecho. Para los gremios que trabajan en servicios esenciales, taxativamente enumerados, la ley estipula límites para los paros: formas de avisar, guardias y prestaciones mínimas. Los camioneros no están en esa enumeración. Pero si su accionar entorpece servicios básicos, es verdad del jurista Perogrullo, el interés general de los usuarios puesto en peligro prima sobre sus estatutos sectoriales. De lo contrario, cualquier gremio podría interferir en la salud, el suministro de agua u otros insumos imprescindibles sin tener que sujetarse a las mismas condiciones que sus compañeros de clase.

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipuló, en una resolución del año 1996: “Un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone en peligro la vida, la seguridad de las personas o la salud de toda o parte de la población”.

En el libro Principios de la OIT sobre el derecho de huelga, de Bernard Gernigon, Alberto Odero y Horacio Guido, se añade: “La Comisión recuerda la importancia fundamental que concede al carácter universal de las normas, pero estima que es necesario tener en cuenta las circunstancias especiales que puedan darse en los diferentes Estados Miembro. (...) Un servicio no esencial en el sentido estricto del término puede convertirse en esencial si una huelga que repercute en el mismo dura más de un cierto período o adquiere tal dimensión que pueden correr peligro la salud, la seguridad o la vida de la población (por ejemplo, en los servicios de recolección de basura)”.

Las citas calzan como guante a la situación causada por Moyano. Un abuso de acción directa, muy gravoso para la sociedad civil. Todo referente social, como el líder cegetista, es responsable de las consecuencias de sus actos. Mucho más si tiene aspiraciones políticas de primer nivel.

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Recalculando: El Gobierno respondió con firmeza, que incluyó el regreso de la Presidenta, la exposición de los daños por el ministro Julio De Vido, la movilización de Gendarmería, una multa aplicada por el Ministerio de Trabajo. También el señalamiento de una posible colusión con los empresarios del sector a quienes se acusó de estar ejercitando un lockout. El silencio de éstos había sido estridente el miércoles, el jueves se hicieron ver... el mensaje llegó.

Es imposible saber qué motivó a Moyano a desescalar. El combo previo pudo incidir, tal vez registró la magnitud del perjuicio que causaba, aunque reparar en esos detalles no es su fuerte. Sus allegados más fieles dicen que fue pura táctica: el clásico “apretar” para después arreglar. No concuerda mucho con el cuadro de situación, pero así lo creen.

El cronista piensa que la soledad ayudó a amansar al “Negro”. Muchos de sus aliados perdurables se alejaron de su lado todo lo que pudieron. Unos pocos hasta se animaron a decirle que se estaba excediendo, a sabiendas de que escucha poco y se enfada mucho.

Moyano recalculó y replanteó un paro con movilización. Las demandas principales son el aumento del mínimo no imponible de Ganancias y la supresión del tope salarial para percibir asignaciones familiares. Son reclamos atendibles, por decir lo menos. En lo referente a Ganancias ni siquiera se pide al Ejecutivo un cambio de sus políticas, ya que es una medida que apli