CAPITAL FEDERAL, Mayo 20.-(Por Mario Wainfeld) Una reforma tibia con resistencia caliente. Los argumentos de Biolcati y sus silencios. La nación y los intendentes, interesantes. Scioli, con poco juego. Entre Ríos, un precedente llamativo. Paritarias que cierran, inyección a la demanda. Las oposiciones y los desafíos más serios.
Es infrecuente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no consiga la sanción de las leyes que propone a su Legislatura. La preeminencia del peronismo, la telaraña de “pactos preexistentes” (sanctos y de los otros) con la oposición suelen garantizar una gobernabilidad bastante calma. Los traspiés que sufrió la reforma fiscal en la semana que pasó reconocen pocos o nulos precedentes, ninguno en el corto plazo cercano. De ahí el nerviosismo y el malhumor que cunden desde el gobernador Daniel Scioli para abajo.
El escollo fáctico esencial es la resistencia de las patronales ruralistas. Abarca bastantes aspectos de la reforma aunque se centra en los revalúos inmobiliarios. Con el inefable titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, a la cabeza las corporaciones del campo repiten atavismos arraigados. Su idea de república y de instituciones repele la obviedad de actualizar el valor de sus campos. Las tasaciones están congeladas desde hace 15 años, lo que torna superfluos mayores consideraciones o adjetivos. La propiedad se ha actualizado a tasas chinas, en el mundo real. Los compañeros agropecuarios reconocen a regañadientes que las valuaciones están rezagadas. Con un detalle interesante: ninguno responde (ni siquiera ante periodistas amigables, “del palo”, que quieren preguntarles) cuánto pagan actualmente. Ocurre que los valores vigentes son, en muchos casos (en estas cuestiones ninguna regla es uniforme), irrisorios.
La propiedad rural es una gran inversión que ha interesado en los años recientes a empresarios industriales, deportistas exitosos y más de un dirigente político. La carga fiscal para un impuesto al patrimonio, o sea progresivo por naturaleza, está muy rezagada respecto de los automotores o de los inmuebles urbanos. No importa: la clase campera no quiere ponerse. Alega que hay otras reformas más amigables, en Santa Fe y Entre Ríos. Pide que Buenos Aires las replique. En esas comarcas, empero, la Mesa de Enlace se muestra chúcara como ya se contará.
Buenos Aires, como tantas provincias, ha sido híper laxa para fijar y percibir impuestos. La contingencia, más ardua que en años precedentes, la fuerza a revisar su pereza que traduce un federalismo berreta e hipócrita. Por un lado se despotrica contra el gobierno nacional, por otro se recuestan en que éste se ocupe de la recolección de impuestos. Generan así una competitividad espuria (“venga a invertir acá que se paga poco”), ahorrando encontronazos con los poderes fácticos.
El revisionismo bonaerense es lógico, tardío y (bien mirado) muy leve. Según las estimaciones de sus propias autoridades las nuevas alícuotas se calcularán sobre el 30 por ciento del valor real de mercado de los campos (siempre hablando en promedio, lo que reconoce excepciones y casos muy dispares).
La modificación busca mejorar la ecuación financiera de la provincia. Los municipios están también muy concernidos. En La Plata aseveran que a ellos les tocará más que al fisco provincial. Los intendentes hacen otras cuentas, menos optimistas, pero asumen que un refuerzo de dinero les vendría muy bien, casi como salvavidas. Casi todas las provincias, muy desfondadas, también precisan uno.
El otro interesado es el Fisco nacional porque la suba de las valuaciones impactaría en el impuesto a bienes personales. Otro gravamen al patrimonio, de los más equitativos. La narrativa de las patronales agropecuarias es, en este aspecto, una confesión sobre un pecado capital (ista). No quieren pagar bienes personales en base a valores algo menos distantes de los reales. Leyó bien: no hay error del cronista. Lo que en cualquier país sensato sería una argucia de evasores acá se transforma en un criterio sensato, el diario La Nación (¿cuándo no?) lo elevó ayer a reclamo editorial. El desparpajo de los dueños de la tierra es, llegado a este punto, absoluto. Se sacan la máscara.
Es de lamentar que el radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP) reincidan en sus errores de 2008 y 2009 acompañándolos. En el caso de la UCR hay una tensión interna entre los intendentes (que miran sus arcas y son más afines a la propuesta de reforma) y los legisladores, más pendientes del posicionamiento político. Los arredran las críticas mediáticas a su digna postura en la expropiación de YPF, temen quedar como “demasiado oficialistas”. Ese resquemor les valió una sangría electoral enorme en 2011, parece que no escarmientan.
El sciolismo intentó renegociar en Diputados con el FAP, concediendo demasiado en términos de justicia impositiva. Las tratativas febriles se interrumpieron cuando llegaron mensajes desde el gobierno nacional. Hubo mensajes directos (relativamente reservados) al diputado Horacio González del Frente para la Victoria (FpV), quien bastoneaba las tratativas con el FAP. En esas horas febriles, formuló declaraciones el ministro de Economía Hernán Lorenzino alegando que Scioli puede hacer los revalúos inmobiliarios por decreto, sin necesitar acordar con la oposición. Lorenzino no se caracteriza por la verborragia ni por mandarse por cuenta propia. Es evidente que propalaba un mensaje de la Casa Rosada.
Funcionarios sciolistas, incluyendo su ministra de Economía Silvina Batakis, replican que la legislación bonaerense no habilita ese rebusque. Desde Balcarce 50 le responden que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe más que el gobernador acerca de legislación. Lo que hay en disputa, de cualquier modo, es mucho más que la interpretación de las normas. El gobierno nacional desautoriza todo pacto a la baja con las corporaciones rurales y no le cede un tranco de pollo a Scioli. El interés por la “caja nacional” es relevante pero no agota el conflicto. El manual de estilo 2012 del gobernador bonaerense faculta a algunos allegados a despotricar contra el vicegobernador Gabriel Mariotto pero no contra la Presidenta. En este caso, la regla complica la inteligibilidad de cualquier discurso.
