SALTO, Febrero 05 (www.SaltoCiudad.com.ar) En la sesión del Concejo Deliberante llevada a cabo el lunes 16 de diciembre de 2013, el bloque del CAS presentó un proyecto de resolución que hacía referencia a denuncias recibidas por su espacio político que estaban relacionadas con fichas de afiliación al partido justicialista.
En ese momento, los concejales del CAS señalaron que algunos empleados habían sido intimidados a completar ficha de afiliación y que de lo contrario no cobrarían horas extras.
Daniel Arimay, concejal de ese bloque político manifestó tener las pruebas correspondientes. La respuesta llegó por parte de los concejales del FpV Hugo Malandra y Chulo González. Este último señaló que “es un accionar horrendo y deplorable. Es un caso extremadamente grave si es verdad. Necesitamos las pruebas, es un caso grave de discriminación laboral”. En tanto Malandra subrayó: “es chocante. Si acá hay pruebas, deben hacer la denuncia en la justicia. Caiga quien caiga”.
La citación
Un mes después, el concejal del CAS Daniel Arimay fue citado a declarar en la causa relacionada con estas amenazas. A continuación, SaltoCiudad reproduce la nota que Arimay, junto al presidente del bloque del CAS, Carlos Pérez remitió al director de Asuntos Legales, Eduardo Gómez.
Salto, 30 de enero de 2014
Sr. Director de Asuntos Legales
Municipalidad de Salto
De mi consideración:
En respuesta a su solicitud a fin de que concurra el Concejal Daniel Hernán Arimay, integrante del Bloque C.A.S., a prestar declaración testimonial el día 30 de enero de 2014 en el marco de las actuaciones sumariales (Decreto 65/14) en donde se investiga la comisión de amenazas de sanciones y pérdidas de horas extras desplegadas por un agente municipal a otros si no se afiliaban al Partido Justicialista, rechazamos la misma por improcedente y por no ajustarse a las normas vigentes.
En primer término corresponde aclararle que los Concejales, conforme al art. 85 y ccs. de la Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58), no pueden ser interrogados por cuestiones u opiniones vertidas en el ejercicio de su mandato legislativo, ni siquiera por un magistrado. Admitir la comparecencia sería un grave atropello a la voluntad del pueblo de Salto y una severa lesión al orden institucional, ya que se estaría violentando el principio de división de poderes.
Por otra parte, como Ud. falsamente invoca en su disposición, el deber de colaboración que deben prestar los empleados municipales enmarcados en el Estatuto para Personal Municipal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.757), le recordamos que los concejales no tienen ninguna vinculación legal, orgánica o administrativa con el Poder Ejecutivo local; es decir, no son empleados municipales y no se rigen por la citada ley.
Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos dejar de manifestar que las opiniones expresadas en el recinto del Concejo Deliberante en torno al tema que ha ameritado que el Sr. Director de Asuntos Legales inicie actuaciones sumariales para investigar la comisión de irregularidades, han sido por demás claras en el sentido que el listado de agentes que han sido víctimas de las presiones y amenazas contará con nuestra protección respecto a su anonimato; en especial porque los mismos temen represalias si indican su autor, coincidiendo el bloque partidario que formamos parte en ese temor, máxime con la proximidad de la persona denunciada con el Intendente Municipal.
En función de resguardar la integridad física y la estabilidad laboral de los empleados víctimas de este proceder es que hemos sugerido al Departamento Ejecutivo obtenga información del Partido Justicialista acerca de las afiliaciones recibidas durante el año 2013, cruzando tal información con el padrón de empleados municipales, a fin de citar a tomar declaración testimonial por una vía distinta al de proporcionar el listado de afectados.
Por último, el bloque del CAS deja sentado una vez más su voluntad de acompañar a los agentes municipales amenazados y deja en claro su compromiso de controlar hasta las últimas instancias la investigación de los hechos denunciados a fin de que se llegue a la verdad y se sancione al responsable. Y no dudaremos en realizar todo lo que esté a nuestro alcance para el caso que la investigación iniciada por el Departamento Ejecutivo se dilate innecesariamente o de algún modo encubra al responsable de los hechos.
Daniel Hernán Arimay Carlos Pérez Depaola
Concejal CAS Presidente del bloque C.A.S
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