CAPITAL FEDERAL, Agosto 12.-( Por Mario Wainfeld ) De la Sota se anota en la presidencial. Dos reclamos en la Corte. Carta a los otros gobernadores, una táctica. Ajustes para jubilados cordobeses, rechazos. Los subtes siguen en conflicto. Macri niega lo que firmó. Los metrodelegados, sus motivos para oponerse a la conciliación obligatoria. Y otras cuitas.

Eramos pocos y se lanzó José Manuel de la Sota. El gobernador de Córdoba es la tercera voz del desparejo trío de aspirantes opositores a la presidencia, sumándose a su colega bonaerense Daniel Scioli y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. En cuestión de días, el Gallego De la Sota hilvanó una seguidilla de movidas potentes y contradictorias. Interpuso ante la Corte Suprema una demanda y una medida cautelar contra el Estado nacional. Se valió de su cómoda mayoría en el Parlamento unicameral de su provincia para dejar sin efecto un Pacto Fiscal con la Nación. Convocó por carta a los demás gobernadores a adherir a esa movida. Postergó por 180 días el pago de un aumento a los jubilados cordobeses, a quienes alega defender. E impuso una tasa a los combustibles líquidos. Desafíos por un lado, ajuste por otro, receta similar (con variantes sensibles según el color local) a las que exploran Macri y Scioli.

De la Sota es un dirigente tenaz. Dos elecciones provinciales perdió a manos del radical Eduardo Angeloz pero en su tercer intento llegó a la gobernación. Desde entonces es la figura política más potente de su territorio, aunque con la mancha del escrutinio capcioso de 2003 en la que su desangelado pollo, Juan Schiaretti, primó sobre el ahora senador Luis Juez con malas artes. Como fuera, volvió en 2011 venciendo por goleada.

En lo nacional, su suerte ha sido esquiva: el cartero llamó a su puerta dos veces y en ambas mordió el polvo. La primera, inolvidable y quizás ya olvidada, fue en 1988, cuando fue candidato a vicepresidente de Antonio Cafiero en la interna contra el luego presidente Carlos Menem. Fue uno de los oradores más ácidos y despectivos contra el riojano en campaña, claro que cuando se conoció el score tardó poco en plegársele con armas y petates. Fue premiado con la embajada en Brasil. La segunda aconteció cuando el duhaldismo buscaba su candidato a la Rosada para las elecciones de 2003. El senador Carlos Reutemann se borró, De La Sota asomó como prospecto. Las encuestas le daban fatal, aun menos de lo poco que congregaba el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. El patagónico dio el primer batacazo entre muchos. El Gallego volvió a su terruño, seguramente rumiando una bronca personal que algo debe sumar a su cruzada actual.

En el doloroso período 1999-2003, los “gobernas” tuvieron un poder relativo alto respecto del gobierno nacional, tanto en la etapa que comandó (es un modo de decir) el radical Fernando de la Rúa cuanto en la que rigió Duhalde. Fue un momento top del “federalismo”, fuerte peso político provincial con un Estado nacional desguarnecido, de ruinosas consecuencias para los argentinos.

Este hombre fue protagonista en dos trances determinantes del gobierno duhaldista. El primero fue cuando los gobernadores quisieron imponerle al presidente un ministro de Economía marcadamente sesgado a derecha, Alieto Guadagni, y Duhalde tuvo el tino de resistir y nombrar a Roberto Lavagna. El segundo fue en los días previos a la Masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En esos días el peronismo discutió si mantener su postura de cautela para reprimir la protesta social o si había llegado la hora de ponerle violento coto a los reclamos de los piqueteros. De la Sota estaba entre los halcones quienes, es consabido, triunfaron. La evocación no releva de responsabilidad a Duhalde, sus funcionarios y su Policía, pero da cuenta de una coherencia histórica del Gallego. A él se le debe también el ingreso del ex ministro Domingo Cavallo a la arena política: lo coló como candidato a diputado nacional en su lista, y hay quien chimenta que mediaron millones de buenas razones.

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Money, money, money: Por vía de su fiscal de Estado, De la Sota interpuso dos reclamos ante la Corte: una acción de fondo y una cautelar. En el expediente principal reclama un pago de más de mil millones de pesos, aduce que el gobierno nacional lo retrasó sin motivos válidos. El origen del crédito es un acuerdo previo, suscripto ante el mismo Tribunal. Córdoba es una de las provincias que conservó las Cajas de Jubilaciones y pactó sostén financiero del Fisco Nacional. El demandante interpreta ese convenio, dice un integrante de la Corte, “como si se tratara de un pagaré”: está firmado, debe abonarse sin que medie discusión alguna. Desde la Nación le responden que el pacto es complejo, existen prestaciones mutuas y el Tesoro nacional ha entregado a Córdoba cifras mayores a las reclamadas. Todos estos asuntos son intrincados, el trámite será laaaaaargo. Hasta notificarlo tarda bastante y el plazo para responder es de noventa días hábiles. Una vez contestada la demanda, adelantan en voz baja en el cuarto piso de Tribunales, la Corte reiterará su praxis en asuntos similares: convocará a audiencias para que las partes acudan y se esmeren en ir por una solución política. Si no llegan a un arreglo, agrega el cronista, tendrán por delante un mal y prolongado pleito.

La medida cautelar quiere cortar camino, conseguir que el Máximo Tribunal imponga al Tesoro Nacional pagos parciales mientras se dilucida la causa principal. Por ahora, todos son aprontes y desde luego los Supremos no adelantarán criterios. En general, han sido muy refractarios a la concesión de cautelares que funcionan como sentencias anticipadas. Habrá que ver.

Para machacar su posición, De la Sota gestionó la aprobación parlamentaria para suspender el Pacto Fiscal de 1992, por el cual el Estado nacional le descuenta el 15 por ciento de la coparticipación provincial, para derivarlo a la Anses. Es un complemento del acuerdo jubilatorio a que se viene haciendo referencia.

La carta enviada a los restantes gobernadores los convoca a imitar esa batida. La bandera es el federalismo. El afán, ubicarse como puntal de los mandatarios provinciales. Un sitial que ni Scioli ni Macri reivindican y que, da toda la impresión, es parte de la tá